La organización agraria cree que la Comisión ha promovido la politización del asunto, dejando su debate en manos de los Estados miembros

ARAG-ASAJA considera insuficiente el periodo de 5 años aprobado por la Comisión para la renovación de la autorización del glifosato, máxime cuando se han obviado los informes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) que, tras evidencias científicas, han asegurado que este producto no se puede catalogar como cancerígeno.

La Comisión Europea ha aprobado la renovación de la autorización del glifosato por 5 años y no 10, como inicialmente propuso, o 15, como pedía el sector agrícola. En vez de tomar una decisión técnica, el debate se trasladó a los Estados miembro, que no llegaron a un acuerdo sobre la fecha, y tuvieron que elevar la cuestión al Comité de Apelación, donde finalmente  se votó y se llegó a este acuerdo.

ARAG-ASAJA rechaza que el debate y el voto se haya delegado en los Estados miembro, restando importancia a los informes científicos que es el marco donde debe dilucidarse este tipo de asuntos. Sin embargo, la polémica y el desacuerdo entre los Estados miembro ha generado un clima de mala imagen del sector agrario y de incertidumbre entre los propios agricultores que no le favorece, muy al contrario, perjudica su trabajo y planificación. El glifosato, junto con otras herramientas de que disponen los agricultores, contribuye a proporcionar a la creciente población un suministro de alimentos seguros y a garantizar la conservación de la agricultura, así como a la fertilidad del suelo.

La decisión de renovar esta sustancia tan utilizada no debe basarse ni en cuestiones emocionales ni políticas solo en bases científicas, que confirman que los agricultores europeos cumplen elevadas normas de seguridad, disponen de una adecuada formación para aplicarlos y los equipos de pulverización son objeto de inspecciones periódicas.

ARAG-ASAJA considera que las autoridades europeas deben defender y consolidar la confianza en nuestro sistema de uso sostenible de herbicidas y no inducir a los  ciudadanos a cuestionar nuestras prácticas agrícolas como consecuencia de debates infructuosos y populistas que no hacen sino generar miedo sin criterios científicos fiables.