En los últimos años, los agricultores y ganaderos se han concienciado de la importancia del seguro agrario para garantizar la protección de sus producciones agrícolas y ganaderas, lo que se ha reflejado en el incremento de la contratación de las pólizas. La trascendencia de este hecho reside en el cambio de mentalidad que supone pasar de considerar el seguro como un gasto prescindible, a pensar en él como una inversión preventiva ante el riesgo de perder la actividad de todo un año por las inclemencias meteorológicas. Esto se ha logrado gracias al esfuerzo de todo el sector y el apoyo de las distintas administraciones. Pero los recortes de la crisis parece que no han acabado en el sector agrario porque el Ministerio de Agricultura ha reducido el porcentaje de ayuda destinado a esta partida, encareciendo el coste de la póliza para el agricultor. El recorte de 10 puntos de la subvención a las líneas de seguros que aún no se han contratado para la próxima campaña, como es el caso de la fruta cuyo plazo concluye a finales de febrero, representa un salvaje encarecimiento de las pólizas que suponen un 20 por ciento más en algunos casos. Este recorte se mantiene para todas las líneas en el plan de seguros 2017, aprobado a finales de año con el mismo presupuesto que el actual.

Si en todos los sectores económicos y en nuestro ámbito personal los seguros son imprescindibles, en el agro duplican su importancia por varios motivos. Por un lado, la actividad agraria produce bienes de primera necesidad que son vitales para la subsistencia del hombre y que son la base de nuestra alimentación. Por otro, los requisitos y normas legales (salud y seguridad alimentaria, cumplimientos medioambientales…) son cada vez mayores y más costosos, lo que supone un agravio económico que hay que compensar de alguna manera. Estamos hablando, además, de una actividad intervenida, exenta de la libertad de mercado que pueden gozar otros sectores y con un desarrollo planificado al albur de las diferentes administraciones que son corresponsables de su devenir y rentabilidad. Y, finalmente, son estrictamente necesarios, ya que cada vez son más los riesgos sanitarios y ambientales incontrolables a los que nos enfrentamos, riesgos como la mayor resistencia de algunas plagas; la aparición de nuevas enfermedades o los daños de fenómenos atmosféricos que siguen amenazando nuestras cosechas .

Resulta contradictorio que, por un lado, el propio Ministerio se fije como objetivo la implantación y universalización del seguro agrario y, por otra parte, recorte las ayudas a éste consiguiendo el efecto contrario. Con la adopción de esta medida está promoviendo el abandono de la contratación y que muchos agricultores y ganaderos dejen de asegurar sus explotaciones por lo inasumible para sus economías que supone este incremento, dejando su suerte a merced del cielo.

Y en los mejores casos, supondrá la migración hacia pólizas más baratas pero con menor cobertura, un sinsentido que hará retroceder la concienciación y el índice de suscripciones conseguido hasta la fecha.

Así, en  algunos sectores como la fruta, un producto perecedero y muy sensible cuya contratación del seguro resulta indispensable ya que cualquier merma en su desarrollo deprecia su venta en fresco, se había alcanzado el 80 por ciento de la superficie asegurada y ahora volveremos atrás en una secuencia involutiva y contradictoria con el mensaje que se traslada.

El seguro también es importante para el sector pecuario. En la ganadería resulta indispensable  por ejemplo, para la retirada y destrucción de animales muertos. Se trata de un seguro caro que cuenta con subvención regional pero que resulta insuficiente.  La Consejería  debe buscar fórmulas alternativas que sean más sostenibles económicamente, como puede ser un sistema público de retirada y destrucción y el pago de una tasa.

Todos estamos de acuerdo en que la suscripción de los seguros agrarios es una responsabilidad del agricultor y ganadero pero debe estar apoyada por la Administración. Para ello, tenemos que ser conscientes de la realidad, del precio de los productos primarios en los puntos de venta que nada tiene que ver con el percibido por el agricultor o ganadero y de las normativas que hay que cumplir, que siempre suponen un coste añadido.

Desde ARAG-ASAJA, podemos entender que existan problemas económicos para dotar presupuestariamente de manera holgada al sistema de seguros agrarios pero, por eso mismo, exigimos al Ministerio de Agricultura que establezca unos criterios prioritarios a la hora de conceder este tipo de ayudas que favorezcan a la agricultura y a la ganadería profesional. Si queremos calidad en nuestro sector, se debe establecer una política de prioridad a la hora de conceder ayudas para los seguros agrarios, de manera que sean los agricultores profesionales los principales destinatarios de estas  subvenciones , aquellos que nos aseguran un suministro de alimentos seguros y de calidad.