Dada la oposición mostrada por la ministra española competente en la materia, Teresa Ribera, a cambiar el estatus de protección del lobo y proteger a los agricultores españoles, ARAG-ASAJA exige con la mayor urgencia, que el Gobierno de España, a través de su Representación Permanente ante la Unión Europea, vote a favor del cambio de estatus del lobo ibérico de “estrictamente protegido” a “protegido” en la reunión del COREPER I que se celebra este miércoles. Esta votación es determinante para que el asunto sea debatido en el próximo Comité Permanente del Convenio de Berna en diciembre y, más aún, para que en el futuro se modifique la Directiva Hábitats, que hoy en día condena a nuestra ganadería a la indefensión total frente a los ataques de este gran carnívoro.
La ganadería riojana, española y europea está en peligro; la Comisión Europea lo sabe y pretende cambiarlo. No obstante, necesita la aprobación de una mayoría cualificada de Estados miembros, de la que España no forma parte hasta el momento. Semanalmente, cientos de ganaderos de toda Europa sufren las devastadoras consecuencias de los ataques del lobo, perdiendo animales y viendo amenazados sus medios de vida. El lobo ya no es una especie en peligro de extinción, y mantener su protección estricta sólo aumenta el sufrimiento de miles de familias que ven cómo se destruyen sus rebaños, sin capacidad de defensa y sin respuestas por parte de las autoridades.
No podemos permitir que esta cuestión siga siendo ignorada. Es vital que España vote mañana, 25 de septiembre, a favor de incluir este cambio de estatus en el Convenio de Berna. No es solo una cuestión de gestión de la fauna, es una cuestión de justicia para los ganaderos que, día tras día, ven cómo sus animales caen víctimas de los lobos sin poder hacer nada al respecto. La sobreprotección del lobo ha ido demasiado lejos, y es el momento de actuar para proteger el futuro de la ganadería y de las zonas rurales de La Rioja, España y Europa.
Si el miércoles no se incluye este punto en el orden del día, será imposible cambiar la Directiva Hábitats a tiempo. España no puede permitirse dejar pasar esta oportunidad. Es el deber del Gobierno y de nuestras instituciones defender a nuestros ganaderos y asegurar que la política europea refleje las realidades del campo y la vida rural.